Morena y sus Hiperfraudes Inmobiliarios

Ra’al Ki Victorieux

Dice el refrán que “tanto peca el que mata la cabra, como el que le agarra la pata”, podríamos agregar que también peca aquel que no protege la cabra, o que ante diversas desapariciones de cabras, no hace nada por buscar los responsables y detener los sacrificios. Traigo esto a colación en el contexto de fraudes inmobiliarios, porque desde hace años mi madre y yo nos encontramos víctimas de la omisión de las autoridades en la defensa del patrimonio de las y los ciudadanos. En este artículo les contaré nuestra experiencia, particularmente en lo relativo a la omisión de las autoridades de la Presidencia de México, la Ciudad de México, y la alcaldía Miguel Hidalgo -en la que habito-, todas ellas del partido político Morena.

Es importante también aclarar que en términos legales la comisión por omisión u omisión impropia, se produce cuando es vulnerada una norma prohibitiva a través de la infracción de una norma de mandato o de un especial deber jurídico; puede decirse que el autor no hace lo que debe hacer y produce un resultado que no debió haberse presentado. Esta comisión por omisión se encuentra en el Código Penal, artículo 11, el cual afirma que “son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por Ley”.

Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.

b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.

Artículo 11, Código Penal.

De acuerdo al Código Penal, debe existir una obligación legal o contractual de actuar como primer requisito. Tanto la Constitución Mexicana como los Tratados Internacionales presentan normas que establecen la responsabilidad de las autoridades en proteger el derecho a la vivienda. Cuando las autoridades son testigos de un creciente número de despojos, desalojos con violencia y fraudes hipotecarios, y NO realizan ninguna acción para la protección de las personas y su patrimonio, de facto cometen el delito de despojo por omisión.

El Derecho a la Propiedad es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Este derecho está protegido por los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República Mexicana, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 21), también en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 14) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 17). Así mismo cuenta con antecedentes de protección en la jurisprudencia, por ejemplo: la jurisprudencia TJUE – Sentencia de 14.03.2013, Mohamed Aziz, C-415/11–«Directiva 93/13/CEE–Contratos celebrados con consumidores–Préstamo hipotecario–Procedimiento de ejecución hipotecaria–Facultades del juez nacional–Cláusula abusivas»–Incidencia del carácter abusivo.

A continuación les relataré la experiencia en la que solicité ayuda a las diversas instancias de gobierno, y mi experiencia fue de impotencia ante su forma de “lavarse las manos”. En primer lugar acudí a las audiencias de Atención Ciudadana en el Palacio de Gobierno ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto con la esperanza de lograr hacer llegar a Andrés Manuel López Obrador una Carta de Ayuda que mi madre le dirigió a través de la plataforma change.org y ya tenía un considerable número de miles de firmas de apoyo. Después de formarnos en la entrada, nos conducen a unas sillas en la planta baja. Ahí nos dan un número y nos preguntan cuál es el asunto a tratar. A quienes solicitamos apoyo legal nos conducen a otra oficina, en la que volvemos a esperar. Ahí hay una televisión en la pared que mientras tanto transmite “la mañanera“. Más adelante nos dicen que ya podemos subir al área de apoyo jurídico, hay que pasar un puesto de revisión, y volver a esperar en un pasillo de la planta alta. Cuando horas después llegó el momento de mi turno, me atendió el abogado García Lujano quien escuchó la situación. Su respuesta fue: -“Que pena, yo también soy de Chiapas, ahora sí que se las hicieron, yo lo entiendo, pero no hay nada que aquí podamos hacer para apoyarlas. Además, estás acudiendo a una instancia federal, y este caso es en la Ciudad de México. Tal vez si acudes con la Jefa de Gobierno, ella pueda intervenir o brindarte algún tipo de ayuda.”

Así que me retiré sin haber recibido ningún apoyo. Caminé a la planta baja, recorrí el trayecto hacia la entrada. Sin embargo, en el camino a la calle, me detuve en el escritorio que es como una zona de recepción e informes, y le pregunté a la joven si podía dejar la carta que mi madre había dirigido al presidente con ella, sólo quería un sello de recibido, y que me dijeran que podrían hacérsela llegar. Me contestó de forma tajante: -“No, aquí no se recibe nada dirigido al presidente. Si ya la atendieron, le agradecemos que se retire.” Los guardias y militares que custodian el lugar me condujeron a la salida. Me retiré decepcionada, sin embargo, me dirijo a la oficialía de partes de la presidencia, y entrego el documento. Me dan un sello número 3239 con fecha 1 de julio de 2019.

Martes 2 de julio 2019, 5 a. m., asisto a la audiencia con Claudia Sheinbaum, nos formamos y nos dan una ficha. Pasado un tiempo nos dejan entrar a un recinto con muchas sillas y un presidium. La jefa de gobierno asiste y nos comenta que se retira, pero nos atenderán diversas autoridades. Esperamos turno. Cuando es el momento en que me pueda escuchar una de esas personas, el lic. René me indica que debe enviarme a la asesoría legal de la Ciudad. Nos mandan a un cubículo en planta baja. Se me indica que me atenderán en el mismo edificio, pero en la planta alta. Ahí hay que volver a esperar. Cuando llega mi turno me pasan a uno de los cubículos interiores. Entonces un abogado revisa el expediente hasta concluir que no hay nada que hacer. Oh, pero antes de irme me piden que firme una encuesta en la que pueda reconocer que recibí la atención legal de la Ciudad y dar mi opinión. Al dirigirme a la calle, el joven del último mostrador me pregunta si quiero dejar algún documento a la Jefa de Gobierno. Le doy copia de la Carta de Apoyo, me la sella de recibido por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Me retiro cada vez más triste y angustiada. Me da la impresión que solicitar apoyo legal a las autoridades federales y de la Ciudad es como entrar a un laberinto; te dan un número, te hacen esperar, hacen como que te escuchan, incluso te pasan una encuesta para que afirmes que “recibiste ayuda”, aunque lo único que escuches sea “no podemos hacer nada por usted, gracias por venir, adiós”. Anoté el nombre de dos abogados que vi en este proceso, Jorge Miguel Pérez Lara y Juan Manuel Nelson. También conservo el folio de petición #19004209. Empiezo a sentir que los nombres de abogados y de “turnos de atención” son cada vez más vacíos de significado.

El área de atención ciudadana es muy publicitada a través de las redes sociales, y ponen a disposición del público también un correo electrónico, Facebook y demás. Envío la Carta de apoyo a través de tales medios, sin embargo, cuando le pongo un “tag” en Facebook a Sheinbaum, este siempre es borrado. Nunca recibimos respuesta a ninguno de los correos electrónicos.

Acudo a las oficinas de Defensoría de Oficio que se encuentran en la Col. Doctores, ahí por supuesto que hay que esperar hasta lograr ser atendida. El licenciado que me recibe me dice que puedo proceder en contra de los abogados que nos dejaron en estado de indefensión, y por lo cual se perdió el patrimonio, que esta denuncia es por la vía penal. Pero que como yo no soy la interesada, sino sólo su apoderada, entonces no me pueden brindar apoyo legal, porque tienen como política apoyar sólo titulares. Le explico que mi madre tiene 76 años, está delicada de salud y radica en Chiapas, y por lo tanto no puede viajar a la Ciudad de México para solicitar la ayuda legal. -Bueno, entonces pagué usted un abogado, o solicite ayuda en alguna universidad que brinde apoyo gratuito. -Me contesta. Entonces pasa uno de sus compañeros de trabajo, y le pregunta ¿cómo está? El licenciado que acaba de leer mi expediente señala el fajo de hojas y pone los ojos en blanco, le dice con gesto cansado -Pues mira, acabo de revisar “todo esto”. Su compañero ríe y le da una palmada en el hombro. Antes de que yo me retire, el abogado me dice: -Mire, más del 96% de las personas que tienen un caso como el suyo, pierden la propiedad, es obvio, si no tienen dinero para pagar las mensualidades, no pueden pagar tampoco una defensa. Yo ya no le contesto, si bien entiendo que hay crisis económica, me parece muy poco sensible de su parte que justifique el fraude inmobiliario y la indiferencia de las autoridades y sus instituciones, de las que él es parte, con una estadística de la gran cantidad de víctimas.

El 28 de agosto del 2019 asisto al llamado “Miércoles Contigo” de la alcaldía Miguel Hidalgo. Una larga fila de personas buscan diversos servicios y apoyos. De nuevo hay que formarse, explicar qué desea uno, tomar un número y esperar a que nos llamen. Me atiende Nadia Luisa Corona Conde, en asesoría jurídica. Me repiten más o menos lo que se ha dicho con anterioridad: -“Demande a su abogado por fraude, tiene un año después de la sentencia para hacerlo. Nosotros no podemos ni llevar su caso ni brindarle apoyo legal, tampoco le podemos brindar apoyos de vivienda o alternativas a su situación. Gracias por venir. Adiós.” Cuando le expliqué a la persona que me atendía quien que compró la deuda es José Luis Ramos y Fusther de Flota, un político del PRI que ha trabajado en diversos cargos públicos en el área de la SEP, Hacienda, Desarrollo Social, y en la capacitación de policías, y que considero que existe algún tipo de complot entre abogados, prestanombres y jueces, la abogada de la alcaldía abre un poco los ojos y parece poner atención. -¿Me repite cuál es su nombre? -Pregunta y anota en su libreta mi respuesta.

Entre las actividades de la alcaldía, en ocasiones llevan este tipo de servicios de asesoría médica o legal a los parques. Semanas después me acerco a uno de estos eventos con la intención de hablar con el alcalde Victor Hugo Romo, y exponerle personalmente mi caso. Me encuentro con la misma abogada, Nadia Luisa Corona, quien me dice que no es posible hacer una cita con Romo, que ella ya me ha “asesorado” al respecto, que tenga buen día. Al intentar hablar con otros de los trabajadores presentes en el evento para solicitar una entrevista con Romo, en todo caso recibo la misma respuesta, que; “no es posible, que para eso están ellos ahí, para atender las demandas ciudadanas”.

Han pasado ya dos años de esa amarga experiencia de toparnos con la indiferencia y hasta la burla de las autoridades a nuestra situación de fraude y riesgo de despojo inmobiliario. Pusieron oídos sordos en los diversos niveles de gobierno a nuestro grito de auxilio. Tanto el entonces titular de la alcaldía, como la Jefa de Gobierno y el Presidente son del partido Morena. Empezamos a dudar de que sus declaraciones en contra de la corrupción sean más que palabras. Es lamentable que existan situaciones en que las autoridades dejen a los ciudadanos en un estado de indefensión; que la justicia sea sólo para quienes puedan pagar sobornos y otras dádivas. Por ello es que afirmo que Morena comete el delito de fraude inmobiliario por omisión.

Esto puede sonar algo exagerado, pero no lo es. Dicen que “quien olvida su historia está condenado a repetirla.” La frase anterior escrita por el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana da la bienvenida a los visitantes del bloque número 4 del campo de Auschwitz. Más allá de recordar un refrán muy sabio, sirva esto de preámbulo para un antecedente de un mega-despojo inmobiliario que sucedió hace no mucho, en el 2017, gracias a la colaboración entre el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

Slim tiene una diversidad de empresas: Grupo Carso. Grupo Sanborns (Sanborns, Sanborns Café, Sears, iShop, Mixup, eduMac, SaksFifthAvenue, DAX), América Móvil (Telmex, Telcel), Grupo Financiero Inbursa, y posee el 16.8% de las acciones de The New York Times. Realiza labores filantrópicas a través de las fundaciones de algunas de dichas empresas. Por ejemplo, la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telmex, y la Fundación del Centro Histórico, que patrocina gracias al Fideicomiso del Festival del Centro Histórico. Si bien es importante el aporte que ha hecho a la cultura, lo cierto es que ha sido cuestionado por dudosos manejos financieros. De acuerdo a la ley, los fideicomisos son transitorios, y en México existen muchos que duran por décadas. Cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo al frente de la Ciudad de México, realizó un convenio con Carlos Slim, a fin de lograr la remodelación del Centro Histórico. Muchos de los inmuebles estaban en riesgo físico de derrumbe u otro tipo de accidentes. Existía una ley de “rentas congeladas”, lo que causó que muchos inquilinos pagaran muy poco, y los propietarios no tuvieran presupuesto para el mantenimiento. El gobierno de la Ciudad realizó un operativo para “comprar” a los residentes su propiedad, aunque esto fue a un precio muy bajo, casi a precio de terreno. Muchos fueron desalojados a la fuerza. Después se ofreció el patrimonio a la venta. Carlos Slim adquirió una gran cantidad de las ofertas disponibles, lo que lo convierte en el propietario de un gran porcentaje del Centro Histórico. Compró y restauró inmuebles en más de 27 calles. Entre las ventajas de su inversión, que fueron más de mil millones de pesos en el lugar, que entraron a las arcas del gobierno de la Ciudad, se encuentra el embellecimiento de las avenidas, y el incremento de la seguridad pública en la zona. Algunos edificios que adquirió se convirtieron en escenario de actividades culturales, entre ellos el “Señorial”, y el Hotel Virreyes. El empresario de origen libanés y cuya familia tenía sus negocios en el barrio de La Merced, afirmó en el 2017 que se logró llevar al Centro Histórico “a su mejor momento”. Podemos estar o no de acuerdo con los hechos históricos, lo que no los transforma, es una realidad la que somos testigos. Lo cierto es que la intervención de Slim en el Centro Histórico, es una hipermoderna, hipercapitalista, “hiperremodelación”, o “hiperresemantización” de una zona urbana muy importante para la Ciudad de México y su cultura, e incluso para Latinoamérica. Lo cuestionable es que sea un hiperfraude inmobiliario en grandes proporciones y flagrante impunidad. Que este tipo de colaboración entre autoridades y empresa privada haya enriquecido a pocos y despojado a muchos de su hogar. Habría que preguntar a quienes perdieron su patrimonio en el primer cuadro de la Ciudad ¿qué opinan al respecto? #DerechoALaVivienda

MUCHAS GRACIAS, BENDICIONES

Esto le podría suceder a cualquier persona, a ti, a tus hijos. Si te ha pasado algo parecido, por favor contáctame en unumatma@gmail.com para organizar una demanda ciudadana colectiva.

Encuentras más información en este link: https://atmaunum.com/justicia/

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